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Jáuregui y Del Valle

MEMORÁNDUM SOBRE AMPAROS INTERPUESTOS CONTRA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Estimados clientes y destinatarios de correspondencia electrónica de nuestro Bufete:

I.- En la sesión pública ordinaria del miércoles 6 de julio de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, por unanimidad, el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, en el recurso de revisión 1287/2015, promovido por BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V., en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1097/2014, por el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicado en la Ciudad de México.

En dicho juicio fueron reclamados como autoapli cativos los artículos 17-K, 28, fracciones III y IV, y 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y varias reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, en materia de notificaciones mediante buzón fiscal, de las obligaciones de llevar contabilidad en forma electrónica y de ingresar por internet la información contable, así como de revisiones electrónicas.

II.- Jáuregui y Del Valle, S.C. siguió una estrategia más amplia a la señalada en la fracción anterior.

Por una parte, nuestro amparo comprendió otros argumentos de inconstitucionalidad de la reforma legal, los cuales no han sido resueltos, como los relativos a la violación de los derechos humanos a la intimidad, a los datos personales, a las comunicaciones privadas y otros.

Además, impugnamos por la vía contencioso administrativa, la legalidad de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015 y de 2016, con el triple propósito, de asegurar el logro de la suspensión durante la tramitación y resolución de los juicios; de hacer nuestra defensa extensiva en el tiempo; y de incluir un argumento de legalidad no invocado en el amparo.

Esto significa que, de una parte, la resolución final requiera de un tiempo mayor, dado que las etapas son tres: la del tribunal contencioso administrativo federal (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), la del tribunal colegiado en amparo directo, más los reenvíos para los casos de omisiones en el estudio de todos los argumentos propuestos, y finalmente, la posibilidad de revisión ante la propia Suprema Corte.

De otra parte, como la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y 2016 obliga a ingresar al SAT prácticamente toda la contabilidad, se planteó en estos juicios que la Resolución excede a lo autorizado por el Código Fiscal de la Federación, ya que éste solo obliga a ingresar la información fiscal de la contabilidad, por lo que este argumento, hace distinto al juicio, pues difiere del invocado en el amparo.

Este planteamiento no ha sido resuelto.

Se requiere más tiempo para su total resolución, como acabamos de explicar.

III.- La resolución de la Segunda Sala quedó sujeta al engrose correspondiente, que es probable se concluya hasta después del mes de julio, en que concluye el primer receso del año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una vez integrada la jurisprudencia, los tribunales están obligados a seguir el criterio de la Segunda Sala, sólo en los aspectos resueltos.

IV.- Es por lo anterior que debemos mantener una estrecha comunicación con los clientes que interpusieron los mencionados amparos, para precisar en el tiempo, la fecha probable en que la suspensión de que gozan, dejará de surtir sus efectos, así como las consecuencias que, en su caso, se producirían en relación con la obligación de ingresar la contabilidad al sistema del Servicio de Administración Tributaria.

Considerando la mayor extensión en el tiempo de nuestros asuntos, los tribunales tendrán que fijar primero un criterio sobre los argumentos de legalidad planteados, por lo que la sentencia no tiene una afectación directa e inmediata, sino que nos permite un mayor tiempo para realizar nuestro alineamiento al criterio de la Corte.

Hasta que ello ocurra, la suspensión dejará de surtir efectos.

V.- De otra parte, la sentencia que nos ocupa, concedió el amparo en dos tópicos importantes.

En el primer aspecto, el amparo se otorgó a la empresa quejosa respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, bajo el argumento de que los lineamientos técnicos necesarios para la generación de archivos XML con los que se remitirá la información contable, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que son formulados por un particular ajeno a la relación jurídico tributaria, los cuales incluso no se encuentran redactados en idioma español.

En el segundo, declaró inconstitucional el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, con el argumento de que es inválido al ordenar que las cantidades determinadas en la preliquidación, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, porque esa propuesta no constituye un requerimiento formal de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata.

VI.- En relación con el primer tema, la sentencia de amparo significa para los quejosos que impugnaron ese acto, como es nuestro caso, la invalidez de dicho Anexo.

El efecto genérico de esa resolución, conlleva que el SAT aplicó indebidamente la “cláusula habilitante” otorgada por el legislador, que aquélla confirma como válida y constitucional.

Esto significa que el SAT deberá corregir el Anexo conforme a los lineamientos que el engrose de la sentencia describa, por lo que debemos entender que hasta el momento en que se corrija, el citado organismo podrá señalar el tiempo en que los contribuyentes a quienes se ampara, deberán llevar su contabilidad e ingresarla, de conformidad con los lineamientos técnicos que deberán ser rectificados, para hacer válida la generación de los archivos electrónicos de los diferentes segmentos de la contabilidad.

Lo anterior se requiere confirmar con los términos en que se realice el engrose de la sentencia que nos ocupa, por lo que en su oportunidad les habremos de ratificar ese efecto.

VII.- En lo que atañe al segundo tópico, la sentencia de amparo tiene el efecto de anular el referido precepto del Código Fiscal de la Federación, para todos los quejosos que lo impugnaron.

No obstante el efecto relativo del amparo, debe considerarse el hecho de que aún no se llevan a cabo las revisiones fiscales por vía electrónica, ni siquiera para los contribuyentes que no impugnaron la ley que las establece.

Este hecho es más evidente para los contribuyentes que sí lo hicieron, como es nuestro caso, que gozan de la suspensión, tanto en el amparo como en el juicio contencioso administrativo, por lo que es de esperar que las autoridades promuevan ante el Congreso la reforma del precepto declarado inconstitucional, apegándose a los lineamientos que precise el engrose.

Nos atrevemos a confiar en ello, recordando que los contribuyentes tienen dos momentos para impugnar una ley en amparo, siendo el primero, dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia, considerándola autoaplicativa; y el segundo, dentro de los quince días siguientes al primer acto de su aplicación.

En este segundo supuesto se encuentran, todos los contribuyentes que no lo impugnaron considerándolo autoaplicativo, o que no expusieron el argumento que la sentencia consideró fundado, por lo que gozan de la segunda oportunidad que les concede nuestro ordenamiento jurídico.